Cuando los contratistas ejercen gestión fiscal; como, por ejemplo, cuando administran anticipos, o cuando en su condición de concesionarios administran bienes públicos, se convierten, por dicha circunstancia, en sujetos de control fiscal y, por ende, susceptibles de ser declarados fiscalmente responsables en el evento de configurarse un daño patrimonial al Estado en razón de su conducta dolosa o gravemente culposa.

Existe, sin embargo, otro tipo de situaciones en las cuales, aún en ausencia del ejercicio de gestión fiscal dentro de la actividad contractual, se puede llegar a configurar una responsabilidad a cargo del Contratista.

Se trata de aquellos eventos en los cuales los conceptos técnicos o las recomendaciones dadas por los consultores o asesores externos a quien sí ejerce gestión fiscal, lo inducen en error, determinando en éste la adopción de decisiones que, además de equivocadas, comportan la configuración de un detrimento del patrimonio público.

Las alternativas que pueden presentarse para la determinación de este tipo de responsabilidad del Contratista, son:

  1. Que la entidad estatal a la cual se encuentra contractualmente vinculado el consultor o asesor externo esté sujeta a las normas que rigen la actividad contractual de las entidades estatales, caso en el cual dicha responsabilidad habrá de establecerse con base en lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley 80 de 1993
  2. Que la entidad de la cual se trate no se rija por las normas que regulan la contratación pública, caso en el cual la responsabilidad del contratista que indujo en error o determinó la equivocación de quien sí ejerce gestión fiscal habrá de determinarse con fundamento en las reglas y principios propios del derecho privado.

A tales situaciones se hace alusión en el Concepto IE0046594 del 31 de mayo de 2013 emitido por la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, con la salvedad de que no se trata en manera alguna de atribuir responsabilidad fiscal, en tales eventos, a los consultores o asesores externos, ya que para la declaración de responsabilidad fiscal es absolutamente indispensable que el agente obre en ejercicio de gestión fiscal.