RICARDO AREIZA/LN

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Al epidemiólogo Edilberto Suaza Calderón, exjefe de la División de Desarrollo de la Secretaría de Salud del Huila le salió extremadamente cara la contribución económica que le hizo a su amigo Jaime Bravo Motta cuando aspiró al Senado de la República.

Suaza Calderón, como muchos funcionarios, compró un bono de un millón de pesos que entregó a la campaña. Sin embargo, fue el único que terminó destituido del cargo e inhabilitado. Otros funcionarios investigados por similares hechos fueron exonerados.

Suaza, graduado en enfermería con varias especializaciones demandó, sin éxito.

A título de restablecimiento, Suaza Calderón solicitó el reintegro al cargo de Jefe de División de Desarrollo de la Salud o a uno de similar o superior categoría dentro de la planta de personal de la Gobernación del Huila. Además,  el pago de los salarios, prestaciones y demás derechos laborales dejados de percibir desde la fecha de la destitución hasta cuando sea efectivamente reintegrado, incluyendo el valor de los aumentos decretados con posterioridad a la destitución, debidamente indexados hasta la fecha.

Igualmente Suaza Calderón reclamaba judicialmente el pago de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante para la suma de 250 millones de pesos y otros 730 millones de pesos aproximadamente por perjuicios morales.

El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva negó inicialmente las pretensiones de la demanda en sentencia proferida el 30 de mayo de 2011. El funcionario judicial argumentó que todas las pruebas fueron evaluadas en su integridad. “Más que una vía de hecho, lo que existe es una discrepancia en la percepción de la prueba que a juicio del libelista es exculpatoria de su responsabilidad disciplinaria”, afirmó.

Suaza argumentó que el aporte fue hecho en su nombre, por su progenitor. “el hecho de no haber entregado directamente el dinero por este no quiere decir que no lo haya hecho por intermedio de otro.

En el caso de la señora Luz Mary Bedón Losada, quien fue exonerada, no puede predicársele que exista una misma circunstancia de hecho en relación al demandante.  Si bien es cierto existe certeza en lo que respecta a la expedición del título valor con miras a la adquisición del bono, el fin buscado por la señora Bedón Losada no fue otro diferente a la contribución de una fiesta navideña para niños”. El Tribunal Administrativo del Huila, seis años después la acaba de confirmar.

LA POLÉMICA

El caso que generó polémica en su momento se originó por denuncias sobre la abierta participación en política de empleados públicos, un tema que se coloca de nuevo en la agenda pública.

La Procuraduría Provincial de Neiva realizó la inspección el 27 de febrero de 2002 a la sede de campaña de Jaime Bravo Motta, en cumplimiento de una circular del Procurador General de la Nación control electoral para que se investigara la presunta falta disciplinaria en que pudieron incurrir servidores públicos al hacer donaciones a la mencionada campaña.

La Procuraduría Regional del Huila inició la indagación preliminar el 2 de abril de 2002 por una denuncia sobre los aportes que realizaban funcionarios públicos del orden nacional y departamental del Huila para la financiación de las campañas.

La investigación se extendió a las alcaldías, Secretaría de Educación del Huila, Inurbe, Sena, Seguro Social y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El 19 de noviembre de 2002 el Viceprocurador General de la Nación creó una comisión especial disciplinaria adelantar toda actuación procesal correspondiente. La comisión estuvo integrada por la Procuradora Regional del Huila, el Procurador 34 Judicial Administrativo, el Procurador Judicial y un profesional universitario.

Cuatro meses después la Procuraduría Regional inició la investigación disciplinaria contra la gerente del Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila (Infihuila) Gladys Carvajal Lara; la gerente del Hospital Departamental San Vicente de Paul Luz Mary Bedón Losada y el Jefe de la División de Salud Edilberto Suaza Calderón. También a Liliana Manrique Ruiz y María Cristina Vargas, quienes para la época de los hechos se desempeñaron como funcionarios públicos.

Una Comisión Especial Disciplinaria integrada por la Procuradora Regional del Huila, un Procurador Judicial Penal II, un Procurador Judicial Administrativo y un Profesional Universitario realizó investigación disciplinaria y el 15 de agosto de 2003, les formuló cargos. El 15 de abril de 2004, esa Comisión Especial solo sancionó a Suaza con destitución e inhabilidad por cinco años. Luz Mary Bedón Losada, fue exonerada.

Ese hecho- dijo Suaza- es un “aberrante tratamiento diferencial no justificado y por ende vulnera el principio de igualdad y configura una clara vía de hecho”.   Por eso impugnó.

DEBATE JURÍDICO

“Ante situaciones similares- agregó- no existe certeza en ambos casos para endilgar la responsabilidad disciplinaria por inexistencia de pruebas para fundar la determinación disciplinaria y falta de certeza para adoptarla”.

La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública confirmó parcialmente el fallo sancionatorio emitido por la Procuraduría Regional del Huila sancionando únicamente a Suaza Calderón.

“La sanción fue ilegal y desproporcionada además de afectar derechos de rango constitucional como el debido proceso, el derecho a la igualdad, el buen nombre, el acceso y ejercicio de cargos públicos”, replicó el funcionario sancionado.

Suaza efectivamente fue desvinculado de un cargo de carrera administrativa al que había accedido por méritos, faltándole menos de cinco años para obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación. El funcionario se destacó en sector de la salud en la formulación y programación del plan de atención básica de salud.

Por su trayectoria y experiencia fue Secretario de Salud Departamental, gerente encargado del Hospital Departamental San Antonio de Pitalito y uno de los técnicos estrellas de la Secretaría.

La conducta endilgada a dos de los sujetos procesales, Luz Mary Bedón Losada y Edilberto Suaza Calderón es idéntica: efectuar un aporte económico a una campaña política, en el primer caso sustentándose la investigación en la entrega de un título valor cheque de la implicada para supuestamente adquirir un bono por un millón de pesos para contribuir a una campaña política al senado, en el segundo, en el hecho de aparecer un listado como aportante de igual suma, documentos remitidos a la organización electoral.

RAZONES DE PESO

Según la Procuraduría, la sanción disciplinaria impuesta al señor Suaza Calderón, es legítima y viene impuesta por el artículo 110 constitucional.

“No es un invento de la Procuraduría, es simplemente un mandato del constituyente primario, que de acuerdo con las pruebas que se recaudaron, se estableció que había sido vulnerado por el accionante”.

El artículo 110 de la Constitución prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan.

“Quien ejerce función pública debe saber que está sujeto a un régimen disciplinario y que en caso de faltar a sus deberes deberá soportar las sanciones establecidas en la ley, las que se impondrán de acuerdo con el debido proceso propio de una actuación disciplinaria”, precisó el vocero del Ministerio Público.

RESTRICCIONES

Siendo el señor Edilberto Suaza Calderón un servidor público, al estar vinculado con la Secretaría de Salud Departamental del Huila como Jefe de la División de Desarrollo de la Salud, no podía realizar aporte económico a la campaña de su amigo Jaime Bravo Motta al Senado de la República, so pena de encontrarse inmerso en la violación de las prohibiciones del artículo 110 de la Constitución Política.

La restricción constitucional prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan.

El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones es causal de remoción del cargo o pérdida de la investidura, no como una forma de limitar el derecho al sufragio de que gozan todos los ciudadanos incluido los servidores públicos, sino como una restricción al derecho a participar en política, sin desconocer que nuestro ordenamiento jurídico amplió el margen de la participación político.

La falta cometida, según la Procuraduría, es grave a título de dolo, ya que tuvo la posibilidad de prever el carácter típicamente antijurídico de su obrar, como quiera que tenía pleno conocimiento que en esa campaña política era prohibido constitucionalmente hacer esa clase de contribuciones económicas cuando era funcionario público.

“Cualquier servidor público puede tener, y de hecho por lo general tiene, una inclinación política y por tanto una simpatía hacia un determinado aspirante, pero sus derechos en este caso se limitan al derecho al sufragio, no le es permitido como servidor público no solo efectuar manifestaciones en las que ponga de presente su respaldo a un ciudadano o movimiento así pertenezca a éste, sino que tampoco le es dado, en el momento actual, lícitamente ofrecer incentivos ni efectuar donaciones o aportes dentro de un debate político electoral”, reiteró la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública al confirmar el fallo.

LAS PRUEBAS

En el proceso disciplinario se probó la procedencia de los aportes y el nombre del girador. En la colilla del bono aparece su nombre, teléfono y dirección. Además, obra copia del comprobante de ingreso por pago del bono, aporte corroborado con las versiones libres del mismo demandante y de la asistente de la campaña política y del propio tesorero.

“Aunque el actor tenía conocimiento de la ilicitud de su conducta, de manera voluntaria y consciente incurrió en ella, pues se demostró que actuó con el propósito de buscar que el candidato se acordara de él para proveerlo con contratos durante el periodo elegido, trasgrediendo con su comportamiento la moral pública”, sostuvo el magistrado Miller Lugo al resolver la segunda instancia.

“El hecho de ser el demandante amigo personal de infancia del candidato al senado Bravo Motta no lo exime de la responsabilidad y menos del desconocimiento de la conducta que asumía al ser funcionario público del departamento del Huila, por ello no se puede decir que actuó bajo el convencimiento que su actuación no era reprochable”, apuntó.

“En conclusión y conforme a lo esbozado, debe ser confirmada la sentencia de primer grado, pues no hay elementos de prueba suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad de los fallos disciplinarios y menos para afirmar que vulneraron los derechos a la igualdad y seguridad judicial del actor o que la sanción destitución fue motivada con intereses políticos, por falsa motivación o con desviación de poder”, precisó el magistrado Lugo Barrero.

“Por el contrario- anotó- su destitución fue producto de la investigación disciplinaria ajustada a las normas legales y constitucionales por la conducta descrita con anterioridad, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa del señor Edilberto Suaza Calderón”.